La revista Cambio de Colombia ha publicado un artículo en el que hace algunos adelantos de un Informe que se publicará en unos días respecto a los resultados de la Primera Encuesta sobre Prácticas contra el Soborno en las Empresas Colombianas, que realizaron la Corporación Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia en ocho ciudades, con un universo de 537 pequeñas, medianas y grandes empresas. En dicho artículo se señala que "el 48% cree que el soborno y la competencia están íntimamente ligados, y el 54% lo ve como una estrategia comercial para obtener mayor participación en el mercado. 'Los empresarios sienten que si no usan las mismas herramientas pueden quedar relegados de los negocios -explica Alma Balcázar, coordinadora del estudio-. Por eso ven el soborno como una práctica más dentro del esquema'".
Esto muestra que la corrupción no es patrimonio exclusivo del sector público y que, por el contrario, se habría enquistado como una suerte de práctica o herramienta de mercado a la que los empresarios recurren para lograr mayores niveles de eficiencia. Así, "lo curioso es que aunque los empresarios perciben que el soborno es una práctica nefasta y la rechazan, solo un 11% tiene un programa estructurado para prevenirla y apenas un 25% se reserva el derecho de terminar un contrato ante un ofrecimiento o pago de un soborno por parte de los contratistas y proveedores. 'Aquí se ve la doble moral de los empresarios -dice Juan Rincón, analista económico-. Por un lado ponen el grito en el cielo cuando hablan de corrupción y, por el otro, no reprimen las malas conductas y prefieren quedarse callados'".
Es claro que esta encuesta se refiere al caso colombiano, pero sería importante hacer un estudio similar en el Perú, pues aquí se ha logrado establecer una verdad casi de dogma —y que, por tanto, simplifica la realidad— que se sintetiza en la siguiente ecuación:
Estado (funcionario público) = corrupción
En el caso de nuestro país, el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, publicó en Junio de 2007, un Informe sobre la Corrupción. En dicho Informe (página 7) se señala que "La corrupción, para la mayoría de los limeños, se cifra en el Estado. La corrupción en ámbitos como la empresa privada o la cotidianidad doméstica, es percibida como una cuestión menor o secundaria. Sin embargo, el problema no es de los otros, o de los políticos, es de todos por cuanto el 75% de los limeños considera que los peruanos somos 'poco honestos' y 'nada honestos'". Esta conclusión no parece conversar con la propia información estadística que presenta ese Informe, en la que, por lo menos, hay un importante sector de la población que opina que la corrupción se da, por igual, en el sector público (Estado) y en el privado (empresa privada).
Este año, el mismo Instituto hizo una nueva encuesta pero que abordó el tema de la corrupción como uno de los varios problemas que afronta el país, aunque siempre en la perspectiva de que la corrupción es patrimonio del Estado, pues no se hace mención de ella en el sector privado. Dicho Informe concluye, en palabras de Nelson Manrique (página 13), que "En dos problemas críticos, la mayoría considera que la situación ha empeorado: la delincuencia y la inseguridad ciudadana (55%), y la lucha contra la corrupción (45%)".
Soy de las personas que creen que todo fenómeno debe ser estudiado en las dimensiones que demande su complejidad y soy enemigo de las generalizaciones que ideológicamente se establecen. Una de esas generalizaciones, propia de la mirada neoliberal, es que la corrupción y el Estado son una misma cosa, mientras se reifica la "pureza" del sector privado. Como decía al comienzo de este post, resulta necesario analizar el fenómeno de la corrupción (que genera ineficiencia e inequidad, pues implica una serie de sobrecostos que hace que se distraigan recursos que podría ser utilizados en áreas críticas que demanda el desarrollo del país) de manera integral, comprendiendo a todos los actores involucrados en ella, a fin de que asuman las responsabilidades del caso y se sancionen esas prácticas con total firmeza, se trate de actores del sector público y/o del sector privado
De ese modo, las generalizaciones que se hacen no ayudan, pues creo que, verbigracia, muchos funcionarios públicos —si no la mayoría— son personas que cumplen con su deber honesta, éticamente, aunque por el contexto en el que se desenvuelven los niveles de eficiencia sean cuestionables con justicia. Claro, esa ineficiencia se explica —aunque no se justifica— por las normas que regulan la actividad pública, que establecen los suficientes incentivos para lograr esos altos niveles de ineficiencia, pues privilegian los aspectos formales antes que los sustanciales.
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