RPP informa que "La mesa de diálogo entre representantes del Gobierno y de las comunidades indígenas, en la localidad de San Román, en la región Junín, ha rendido sus primeros frutos, ya que se han logrado varios acuerdos a fin de superar el impasse suscitado por los decretos legislativos 1090 y 1064, considerados lesivos por los nativos". Sobre el particular, precisa dicho medio de comunicación que "el premier Yehude Simon logró un acuerdo para que los indígenas liberen las carreteras en la selva por un periodo de cuatro horas, hasta que se oficialice la derogatoria de los mentados decretos, ofrecimiento hecho por el Ejecutivo". En dicha nota se precisa que el Premier habría dicho que "Las carreteras son de todos. Estoy haciendo los esfuerzos mayores porque esto me complica. Les pido a los hermanos que lo piensen. Sé que necesitan confianza", mientras que la dirigente nativa Lidia Rengifo habría manifestado que "Tuvo que pasar todo esto para que recién nos llamen hermanos. Todo el tiempo nos han visto diferente, como si fuéramos la última rueda del coche".
Sinceramente no termino de entender bien el porqué de estas medidas (que, en el fondo, creo adecuadas), toda vez que en declaraciones posteriores el propio premier afirmó que "No queremos volver a repetir la historia (más de 30 muertos). Es mejor que demos un paso atrás para dar dos adelante. Cuando ellos (nativos) comiencen a estudiar las nuevas leyes se darán cuenta que serán para su beneficio". Aparentemente, se trata simplemente de corregir el vicio legal de la omisión de la consulta requerida a las comunidades nativas.
Por otro lado, El Comercio informa que la vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, afirmó que “El movimiento indígena no entiende el razonamiento del Gobierno, que desde el 9 de abril sostuvo que dichas normas no podían ser anuladas, y hoy, 35 muertes oficiales después, dice que sí se puede”; es más, habría manifestado que “Esta reacción tardía del Ejecutivo se debe a la presión de todos los peruanos y de la comunidad internacional que, a través de extensas muestras de solidaridad, protestaron y sentaron una posición contra el Gobierno por su accionar del 5 de junio” y concluye que “Debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades (...). Los pueblos ya están cansados de promesas que en el momento de cumplirlas nunca se dieron. Y, en segundo lugar, ¿tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?”.
¿Se habrá empezado a solucionar este grave problema?
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