IDL denuncia: Inconstitucional delegación de facultades legislativas al ejecutivo en materia de: código de justicia militar, ley de uso de la fuerza y violaciones de derechos humanos
1. Si bien la Constitución admite excepcionalmente la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por parte del Parlamento, es preocupante que se haya convertido en regla general en estas materias tan sensibles, que pueden afectar los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Mucho más grave aún es el hecho que la delegación haya sido aprobado por tan estrecho margen de votación (43 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones).
2. Sobre el Código de justicia militar y policial (Decreto Legislativo Nº 961), no es cierto que exista la necesidad de adecuarlo a las sentencias del Tribunal Constitucional, pues éste ya lo adecuó al marco constitucional en el año 2006 mediante una sentencia emitida en el Expediente Nº 0012-2006-PI/TC, que declaró inconstitucionales varios artículos de dicho Código, “adelgazándolo” y adecuándolo a la Constitución. Por ende, un nuevo Código de justicia militar policial es una exigencia del Tribunal Supremo de Justicia Militar y no del Tribunal Constitucional.
3. Sobre la Ley de uso de la fuerza letal por parte del personal militar (Ley Nº 29166), si bien es cierto que el Tribunal Constitucional exhortó al Parlamento a modificarla mediante sentencia emitida el septiembre del 2009 en el Expediente Nº 0002-2008-PI/TC, pues declaró inconstitucionales algunos de sus artículos, consideramos que esta materia no debió ser delegada ya que podría afectar derechos fundamentales como la vida e integridad física cuando el personal militar haga uso de su armamento. Por ende, debió ser el Parlamento y no el Ejecutivo el que cumpla la exhortación del TC.
4. Sobre las normas procesales y penitenciarias relacionadas al personal militar y policial que han sido procesados o condenados por delitos que implican violación a derechos humanos, esta es una materia que claramente excede la propia solicitud de delegación de facultades del Poder Ejecutivo y un contrabando muy peligroso, pues abre la puerta para que el Gobierno apruebe indebidos beneficios penitenciarios para las personas condenadas por violaciones de derechos humanos o beneficios penales para las personas que vienen siendo procesadas por estos delitos. En otras palabras, abre la puerta para una posible “ley de amnistía” encubierta.En consecuencia, exhortamos al Parlamento a que reconsidere esta delegación legislativa aprobada el día de ayer, de lo contrario, constituirá una grave afectación a la Constitución y a los compromisos internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos.
Lima, 11 de Junio del 2010
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